Crece el numeró de fallos de la Corte Suprema a favor de los jubilados

El 18 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia emitió el primero de tres fallos que comprometen el equilibrio fiscal que el Gobierno prometió al FMI y que, como contrapartida, deberían mejoran el poder adquisitivo de jubilados y una porción no desdeñable de trabajadores del sector público: los agentes de las fuerzas de seguridad.

Desde entonces, esta triada de casos sentó jurisprudencia para resolver otros miles de expedientes. Y el máximo tribunal avanzó en despachar sentencias análogas, que le ponen mayor velocidad al impacto judicial en las arcas del Estado.

El caso Blanco

En el caso Lucio Blanco, ese que la Corte sacó hace ya seis meses, la Justicia ordenó a la Anses actualizar haberes iniciales en base al índice Isbic, un indicador que remunera mejor a los adultos mayores que el que el ente previsional empleaba, el Ripte. Desde entonces, el máximo tribunal aceleró los expedientes análogos que tenía en sus oficinas. Hasta fines de mayo, los jueces de la instancia más alta emitieron unas 15.000 sentencias similares, que deberían impactar en los bolsillos de los litigantes.

El viernes, al disertar en las XXV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, el juez Horacio Rosatti afirmó que “la conformación de una agenda temática ha permitido escoger casos líderes” y dar “celeridad a aquellas causas que involucran a miles de casos análogos”. Y ejemplificó: “Este procedimiento permitió, por ejemplo, gracias al fallo “Blanco” resolver - entre febrero y mayo de este año – 15.000 expedientes similares”.

Además, según fuentes judiciales y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el ente previsional dejó de apelar los expedientes análogos de instancias inferiores. Son al menos 150.000 casos, según estimaciones muy provisorias de fuentes tribunalicias y abogados previsionalistas.

Hay algunas sentencias que quedaron en una suerte de limbo: aquellas que tenían fallo de Cámara y que la Anses apeló antes del 18 de diciembre, y que ahora deberían resolverse con un cierre definitivo. “Con Blanco, en general, no discuten más, pero se les escapa alguna apelación en primera instancia. Y eso, en la Ciudad de Buenos Aires, son tres o cuatro años más hasta que lo toma la Cámara”, matiza el abogado Adrián Troccoli.

Para el Gobierno esos 15.000 expedientes representarán un gasto adicional de algo más de 700 millones de pesos por año, según las estimaciones que hizo hace seis meses el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. “Cuando estén todos validados el costo anual será de 700 millones de pesos”, dijo entonces el funcionario, cuando el Ejecutivo estimaba que pululaban por los despachos de la Corte unos 12.000 casos similares al de Blanco.

De acuerdo con otras fuentes oficiales, esa estimación no contemplaría el pago retroactivo de las sentencias, sino solo la actualización de los haberes hacia adelante. Como referencia, la Anses paga por año unos 40.000 juicios y el presupuesto para saldar esas sentencias es de $34.538 millones. En promedio, cada juicio implica un desembolso de $863.450.

Pero en las instancias inferiores se acumulan más expedientes. Una proyección simple arroja que, cuando esos 150.000 casos que deben resolverse tengan sentencia definitiva, sumarían al gasto público 7000 millones de pesos por año (actualizados cada vez por la ley de movilidad). Sin contar el pago de los retroactivos.

Fuente de la Información: TN