#CarbonBlanco
Histórico decomiso a los narcos
10/04/2019. Lo ordenó la Justicia sobre los bienes del clan del abogado Carlos Salvatore. Aunque él murió, su esposa y su suegro fueron condenados por lavado. Se decomisaron propiedades y millonarias sumas de dinero.
El 9 de mayo de 2018, el abogado Carlos Salvatore (60) murió debido a su complicada condición cardíaca. Condenado a 21 años de prisión por el caso Carbón Blanco, el envío de más de una tonelada de cocaína a Europa (entre 2010 y 2011), lo esperaban otros cuatro procesos por tráfico y un megajuicio por los millones que ganó contrabandeando cocaína en embarques de carbón vegetal o pulpa de fruta.
Salvatore ya no está, pero el juicio por lavado de activos siguió contra su familia. Y el pasado 8 de marzo llegó la condena: siete años y medio de prisión para su esposa, Silvia Susana Valles; siete años para su suegro, Santiago Valles Ferrer; y nueve años para su socio Ricardo Gassan Saba.
El veredicto fue importante ya que cerró un proceso contra quien fue el narco más poderoso de la Argentina, responsable del envío de más de cinco toneladas de cocaína a Europa entre 2005 a 2016, tal como determinó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Pero los fundamentos del fallo, difundidos el pasado lunes, fueron más allá.
En una sentencia calificada de "histórica", los jueces Fermín Cerolini, Lucrecia Rojas de Badaro y Juan Manuel Iglesias ordenaron el decomiso de 81 inmuebles (lotes, casas, departamentos, campos), 25 autos y el dinero que estuviera depositado en 115 cuentas identificadas en los bancos Itaú, BBVA Banco Francés, Galicia, Credicoop, Macro, ICBC, HSBC, BNP Paribas, Banco Nación, Banco Velox y Banco Patagonia. Fueron 26 las sociedades investigadas en este proceso penal que usaron el sistema bancario para blanquear dinero.
Se trata de una suma impresionante de bienes y dinero que aun no fue cuantificado exactamente, aunque rondaría los mil millones de pesos, según cálculos de la acusación. Por eso aun no se precisó la multa impuesta a los condenados.
Se les estableció una suma de "cinco veces el monto de las operaciones" que se le atribuyen a cada uno. Para convertir esa estimación en un número concreto, ahora se deberá encarar un trabajo aparte.
La sentencia también exige un desafío institucional ya que obliga a crear mecanismos o aceitarlos para incorporar el decomiso al patrimonio del Estado.
En la resolución, los jueces hicieron lugar a un pedido del fiscal Federico Carniel de proceder al decomiso automático de los bienes de Salvatore, porque éste ya murió. Pero los activos que impliquen a los tres condenados deberán esperar (embargados) a que el fallo quede firme
Una vez que esto ocurra, el Tribunal Federal de Chaco tomó una decisión salomónica en cuanto a su destino. Por un lado, consideró que la ley 25.246 establece que lo decomisado vaya a las arcas del Tesoro y, de allí, a la Unidad de Información Financiera (UIF), tal como habían planteado los abogados querellantes Martín Olari Ugrotte y Gustavo Facundo Orazi. Por otro, también consideró la solicitud del fiscal Carniel de que el dinero se use para reparar el daño a la sociedad (salud, educación, etc.) como establece el artículo 305 Código Penal.
Quién se hará cargo de cada cosa está por verse. Lo cierto es que se trata de millones y millones que pasarán de las manos de los narcos a las del Estado.