Argentina
Vía el Consejo, el Gobierno busca acceder a la causa de Ramos Padilla
19/03/2019. Se exige como medida de prueba una copia de toda el caso por espionaje que tramita en Dolores. Oficialismo no tiene votos suficientes y sale "a la pesca".
El Gobierno se embarcó formalmente en la aventura de impulsar el juicio político al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, presentó el escrito y ya cosechó su primer éxito de la mano de la tómbola de los sorteos: será instruida por el consejero y diputado del PRO Pablo Tonelli, lo que asegura que prosperará el tramo de investigación interna, tal como lo solicitó el presidente Mauricio Macri.
Sin embargo, la embestida no es con arreglo a resultados, y en despachos oficiales se percibe que el camino para enviarlo a jury será cuesta arriba por el número de votos necesario. Simbólicamente, hoy tendrá un revés. La Corte Suprema le otorgará al magistrado su pedido de recursos y personal para su juzgado. Serán tres cargos (no contratos) y un vehículo.
En el mundo judicial, eso será leído como un espaldarazo político por su escasez, y valorado como un tesoro. En tanto, ayer desfiló por el juzgado de Ramos Padilla el exdirectivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat que ratificó la coacción que habría ejercido el falso abogado Marcelo D´Alessio y que también debió dar una entrevista periodística e ir a declarar ante Carlos Stornelli para completar el circuito de su denuncia. La expectativa sigue puesta en si el fiscal concurre o no a declarar mañana en indagatoria.
El Presidente asumió la estrategia de ir por la cabeza de Ramos Padilla al día siguiente de su exposición ante el Congreso. Los motivos formales que esgrimió el Gobierno para acusar por mal desempeño al juez que anunció una investigación sobre una red de espionaje ilegal en el país fue que expuso públicamente detalles de un expediente en curso “lo que demuestra una irregular actuación, violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.
El escrito presentado por el representante del Poder Ejecutivo Juan Bautista Mahíques en la comisión de Disciplina y Acusación incluyó como generalidad que lo ventilado ante los legisladores se convirtió en “una cuestión pública, política y mediática”.
El juez de Dolores “ha demostrado una actitud confortativa para con algunos legisladores, lo que demuestra un accionar contrario con la prudencia y el decoro que se espera de un juez federal”, afirmó Mahiques. “El juez tiene como rol ser garante del equilibrio de derechos y poderes entre el acusador y el acusado.
Esto es absolutamente desvirtuado cuando, como en este caso, las funciones de investigación y acusación son acaparadas por un juez cuya actuación pública habla de una pérdida total de ecuanimidad”, sostuvo.
Allí el Gobierno reclamó una rareza que hoy funciona como algo arbitrario y casi inexistente en la Justicia federal: que las investigaciones las lleve adelante el fiscal como se impondría si estuviese implementado el nuevo Código Procesal Penal.
El secreto que entraña la presentación contra Ramos Padilla es que funcionará como una llave para acceder a una copia del contenido de la explosiva investigación: el Gobierno exigió la certificación de la totalidad de la causa que tiene a su cargo Dolores por espionaje como una de las medidas de prueba a las que accederá Tonellli.
“No es una causa que perturbe al Gobierno: el Gobierno ve que alguien lo quiere involucrar en una causa en la que no tenemos ninguna vinculación, se nos quiere involucrar y se hace con un show político en un año electoral”, afirmó Germán Garavano en declaraciones radiales en las que defendió a una de sus rivales internas, la diputada Elisa Carrió quien junto a Paula Olivetto habían mantenido contactos con D´Alessio.
El revés lo dio el consejero juez Alberto Lugones quien hizo propio el reclamo de recursos informáticos que solicitó el juez y activó el canal administrativo para que el Consejo los suministre.
Para que prospere el juicio político, la Casa Rosada necesita mayoría de dos tercios de los votos. Implica que a los tres propios se les sumen necesariamente los dos jueces restantes (salvo manifiesta irregularidad los magistrados no votan contra sí mismos) y los dos abogados. Si tuvieran remotamente el voto del académico precisarían además que al menos uno de los representantes de las tribus del PJ del Consejo voten a favor de la destitución.
Fuente de la Información: Ámbito