Salta
En 2019 se registraron 1600 denuncias por abusos policiales
03/07/2020. La flamante fiscal de Derechos Humanos se refirió al decreto 255/2020, que otorga súperpoderes a los efectivos policiales y afirmó que se trata de una decisión "que es preocupante".
Luego de que se presentara una exhaustiva auditoría que deja al descubierto la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos en Salta, en donde el informe indica que, de un total de 2065 causas ingresadas en todo 2019 y el primer trimestre de este año, se resolvieron solo 97 (es decir, menos del 5% de los expedientes en total) y por esta razón, el procurador Abel Cornejo dispuso que se inicie un sumario administrativo para a su extitular, Gustavo Vilar Rey.
En diálogo con Central Policial, por Profesional FM, Verónica Simesen de Bielke, ahora a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, indicó que solo durante 2019 se recibieron 1600 denuncias por abusos policiales, lo cual marca una tendencia en tanto se tiene en cuenta que se trata de personal policial y penitenciarios, quienes como funcionarios públicos tienen la función de poner en resguardo la seguridad personal de los ciudadanos, y no así lo contrario, manifestó.
En ese sentido, sobre el decreto 255/2020 que otorga súperpoderes a la policía, la Fiscal opinó que la medida, desde el punto del vista jurídico "es preocupante", al argumentar que el Poder Ejecutivo se ha robado facultades legislativas, lo cual está vedado por la Constitución Nacional.
"Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de materia penal, acá se establece un régimen claramente sancionatorio en donde se establecen penas previstas en el Código Penal: la multa y el arresto, medida privativa de libertad que solo puede ser dispuesta por un Juez", explicó.
Por último, Simesen de Bielke señaló que revisó la presentación realizada por la Secretaría de Derecho Humanos de la Nación, quien se manifestó en contra del decreto al considerarlo inconstitucional, y expresó que buscarán rever los plazos desde la Fiscalía para sumarse a un recurso de inconstitucionalidad, o estar al tanto de tomar medidas si se llegase a producir algún hecho de abuso policial.