Llega a Salta el libro que denuncia fraudes millonarios con supuestas víctimas de la represión

El periodista José D’Angelo presentará este jueves su libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”. La presentación se hará en San Lorenzo, en el Centro Gaucho Juan Carlos Dávalos a las 20 h.

En diálogo con Profesional FM, el escritor y periodista detalló que la obra refuta el mito de los 30.000 desaparecidos y desbarata el relato oficial sobre los años setenta. Además, indaga en historias de supuestas víctimas de la última dictadura militar y la falta de transparencia en el pago de indemnizaciones.

D’Angelo sostuvo que el libro es la copia fiel de una denuncia penal que presentó en Comodoro Py en noviembre de 2019. Los casos narrados fueron denunciados en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, cuyo titular es Ariel Lijo, indicó.

La causa ha sido caratulada como ‘NN s/Estafa’, de ahí el título del libro, explicó el periodista. La hipótesis de D’Angelo, la cual sustenta con pruebas, es que “desde la Secretaría DDHH y el Ministerio de Justicia de la Nación se han falseado historias y adulterado documentos públicos facilitando una multimillonaria estafa con los desaparecidos”.

El escritor señala que “sin control alguno y durante años, diversos funcionarios han pagado casi tres mil millones de dólares en indemnizaciones por la represión ilegal del Estado, sin que los argentinos podamos conocer los datos que habilitaron esos pagos”, dijo y luego usó el ejemplo de los hermanos Carlos y Pedro Sabao atacados en Rosario por un grupo armado con ametralladoras y fusiles FAL en noviembre de 1975.

Asimismo, D’Angelo expresó que el pago fraudulento de indemnizaciones al amparo de las denominadas “leyes reparatorias” representa una estafa multimillonaria en perjuicio del Estado y los contribuyentes.

Además, continúo el periodista, existe el agravante de que, luego del cobro de la indemnización, algunos casos fueron quitados de los informes oficiales para ocultar la irregularidad que se cometió al indemnizarlos.

Por ese motivo es importante que el juez federal que tiene la denuncia, Ariel Lijo, permita acceder a los listados de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, señaló el escritor y agregó que “las víctimas verdaderas merecen descansar en paz y esto requiere que no existan dudas sobre su condición”.

Los pagos

Por Ley N°24.411 se pagaron, hasta diciembre de 2015, 7.907 indemnizaciones, por un total actualizado a julio de 2020 de $ 155.818.701.679 de ese momento (habría que actualizarlo a noviembre de 2021 porque la inflación lo distorsiona todo aunque los ‘progres’ argentinos toleran la inflación ya que dicen que licúa los pasivos del Estado).

Por Ley N°24.043 (Beneficios a detenidos y exiliados) se pagaron, hasta diciembre de 2015, 11.734 indemnizaciones por un total actualizado a julio de 2020 de $ 99.763.578.960.

Hasta el año 2016, según el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, se encontraban pendientes de pago o en trámite 7.318 pedidos de indemnización, en su mayoría casos de ‘exilios forzosos’ por Ley N°24.043, por un monto total aproximado, a precios de julio 2020, de $ 100.791.352.825.

Pero la denuncia de D’Angelo avanza sobre los casos de corrupción identificados en pagos que abundan en discrecionalidad y escasean en transparencia.

Para la Justicia, señala la demanda, resultaría sencillo conocer si hubo fraude o no: necesita apenas contar con cada uno de los legajos individuales de los casos denunciados a efectos de conocer las pruebas que contienen.

¿Cuál es el fundamento de esa afirmación? Que la ley indemnizatoria dice: “La Secretaría de Derechos Humanos tendrá a su cargo la confección de los legajos individuales de las personas fallecidas en los que deberán constar los antecedentes y las pruebas tendientes a acreditar los extremos previstos por la ley.”

 

Caso curioso

El 26/11/1975, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, en la página 29 del N° 10 de la revista ‘Evita Montonera’, órgano oficial de Montoneros:

“28 de noviembre. Un Pelotón de Combate de Montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al Río Paraná”.

No mencionaron las heridas provocadas a Carlos Sabao, hermano de Pedro. Carlos sobrevivió al atentado.

En 1995, alguien inició el expediente N° 381.615/95, ante las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para percibir la indemnización de la ‘ley reparatoria’ N° 24.411, por Pedro Sabao.

El 26/03/2001, la Subsecretaría de Derechos Humanos -Diana Conti era la titular de la Secretaría-, ordenó el pago de la indemnización.

Por la muerte de Pedro Alberto Sabao, el Estado argentino pagó $ 17.356.549, actualizados por inflación a noviembre de 2021, según Liquidación N°34.796 del Ministerio de Economía, a los causahabientes designados en trámite sucesorio.

En marzo de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, con Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, se publicó un nuevo listado de “víctimas de la represión ilegal del Estado” que incluyó a Pedro Sabao como víctima de “Ejecución Sumaria” por el accionar represivo ilegal del Estado.

En 2015, un mes antes de dejar la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, con Juan Martin Fresneda como secretario de Derechos Humanos, fue publicado el RUVTE donde Pedro Alberto Sabao ya no es más víctima del Estado. Su nombre no está registrado.

Pero en el Parque de la Memoria hay una placa con el nombre de Pedro Alberto Sabao. Y arriba de la placa de Pedro, está la de su hermano Carlos.

D’Angelo se comunicó con Nahuel Sabao, quien vive en Rosario, hijo de Carlos, quien le explicó que su padre murió de muerte natural, en 2016, en un geriátrico.