Congreso de la Nación
Demoran la aprobación de la ley “antibarras” y vuelve a comisiones
19/12/2018. Diputados votó en general el texto, con 201 votos a favor y 3 abstenciones. Durante la discusión en particular se trabó el análisis en el artículo referid a la tenencia y distribución de entradas. El proyecto volvió a comisiones.
En el marco de las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación, legisladores votaron en general la denominada ley “antibarras”, la cual obtuvo 201 votos a favor y tres abstenciones. El proyecto de ley contempla un régimen penal para combatir a los barrabravas.
Sin embargo, durante su discusión en particular se trabó el análisis en un artículo referido a tenencia y distribución de entradas. El aliado oficialista Martín Lousteau pidió moción para devolverlo a comisión y la oposición acompañó.
En la búsqueda de los consensos necesarios para su aprobación, el texto del Ejecutivo había sido modificado antes de la sesión. A la hora de la discusión en particular surgieron nuevas diferencias y los bloques no llegaron a un acuerdo sobre las penas en materia de reventa de entradas y tenenencia de localidades falsas. Esto motivó el pedido del diputado Martin Lousteau, de Evolución Radical, para que el proyecto vuelva a Comisión y sea nuevamente debatido su articulado. La moción fue aprobada por 115 votos afirmativos, contra 84 negativos y dos abstenciones.
El proyecto de ley prevé penas para quienes porten armas en espectáculos futbolísticos, alteren el desarrollo de un partido, provean entradas a barras, vendan entradas sin autorización y ofrezcan cuidado de vehículos en inmediaciones del estadio, entre otras medidas (ver subtítulo). Fue incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso a pedido del Poder Ejecutivo.
Durante las más de cinco horas que duró el debate, los legisladores reclamaron medidas de prevención y coincidieron en la compleja trama política, judicial y policial en la cual actúan las barras del fútbol argentino.
LAS PENAS
La ley, de exclusiva aplicación en eventos futbolísticos, prevé penas para quienes entre otras acciones introduzcan o porten armas o elementos usados para intimidar, violentar o agredir (dos a seis años de prisión), alteren el desarrollo de un partido (uno a cuatro años), provean entradas a barras (uno a tres años), vendan entradas sin autorización (uno a tres años), ofrezcan cuidado de vehículos en inmediaciones del estadio (un mes a cuatro años), entorpezcan los medios de transporte afectados al espectáculo (seis meses a tres años) y provoquen una avalancha (uno a tres años).
El proyecto prevé la prohibición de acceso a estadios para quienes cometan delitos en el marco del espectáculo futbolístico y la clausura del estadio cuando se incumpla con la restricción.
Las penas se agravan cuando los delitos previstos sean cometidos en grupo. En caso de que el condenado sea funcionario público, se lo inhabilitará para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
Además, incrementa un tercio las penas para delitos como homicidio, robo, lesiones, daños, incitación a la violencia y resistencia a la autoridad en partidos de fútbol.
El proyecto también establece penas para los miembros de comisiones directivas o subcomisiones de clubes y asociaciones que se hayan enriquecido ilícitamente desde la toma de su cargo y hasta dos años después de cesar su mandato, por sí mismos o a través de testaferros. De demostrarse el delito serán penados con dos a seis años de prisión, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos.
En el ámbito de las comisiones, el denominado "Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos" obtuvo dictamen de mayoría en Legislación Penal y Deportes.
En paralelo al texto del Ejecutivo, también se analizaron iniciativas de los diputados Daniel Scioli (FpV-PJ), Ivana Bianchi (Unidad Justicialista), Hugo Marcucci (UCR), Cornelia Schmidt Liermann (PRO), Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal), y Julio Solanas (FpV-PJ).
Según los fundamentos, en el espíritu del proyecto de ley “subyace la férrea voluntad de terminar específicamente con lo que se conoce comúnmente como ´barrabravas´”. El objetivo del proyecto apunta a la persecución penal y al desfinanciamiento de dichos grupos a fin de imposibilitar su accionar.