Argentina
El Gobierno toma el control de la Hidrovía del río Paraná por 12 meses
01/07/2021. Cobrará los peajes y confirmó que tercerizará el mantenimiento. El decreto se publicó este jueves en el Boletín Oficial. Establece que el Ministerio de Transporte contratará los servicios de dragado.
Se confirmó que la hidrovía del río Paraná será manejada por el Estado cuando termine la prórroga de la concesión actual, tal como había anticipado el martes el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y como impulsaban diversos referentes cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La decisión se oficializó a través del decreto 427/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La Administración General de Puertos (AGP), conducida por el kirchnerista santacruceño José Beni, será el organismo oficial a cargo del servicio, aunque todo estaría supervisado por Transporte y algunas tareas, como el dragado, podrían tercerizarse con empresas privadas especializadas.
La fecha de finalización de la concesión privada vigente desde 1995 depende si la prórroga actual de 90 días, establecida por decreto 129/2021, se cuenta en días corridos, con lo cual finalizaría el 30 de julio. Si se computan las jornadas hábiles, en ese caso el plazo concluiría a mediados de septiembre.
La normativa firmada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y Guerrera establece un período de 12 meses “prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación pública nacional e internacional encomendada por el Decreto N° 949/20″, el plan de largo plazo que bosquejó el ex ministro Mario Meoni antes de morir en un accidente vial el 26 de abril pasado.
Además de los 12 meses referidos, se establece que la cartera conducida por Guerrera establecerá “la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje que percibirá la AGP... sin perjuicio de las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado Nacional que transitoriamente resulte necesario efectuar, a los fines establecidos en el contrato”.
Esa última frase es llamativa, teniendo en cuenta que desde hace 25 años el servicio funciona con financiamiento privado, sin necesidad de aportes del Estado.
En lo que se percibe como una promesa a la agroindustria, el decreto indica que entre Transporte y la AGP también se fijará “el procedimiento para la eventual revisión de tarifas y/o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago”.