Policiales
Los funcionarios que cobraron el IFE llegaron a un acuerdo y no irán a juicio
03/09/2021. Fueron 25 imputados en total y la mayoría deberá realizar donaciones de dinero y hacer tareas comunitarias.
Se homologaron 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba, en el marco de la audiencia de control de acusación seguida contra 25 exfuncionarios públicos imputados por delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, llevó adelante la presentación de los acuerdos arribados, fundamentó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba y resaltó el esfuerzo realizado junto a las defensas a fin de superar inconvenientes.
La audiencia de este jueves, en realidad, se inició el 5 de julio pasado, cuando las defensas de los 25 imputados plantearon el sobreseimiento por distintos motivos, entre ellos la supuesta falta de tipicidad penal, lo cual fue rechazado de plano por la jueza, quien luego otorgó un cuarto intermedio para que las partes evalúen alguna salida alternativa.
El dinero que deberán aportar los acusados en concepto de donaciones será destinado a entidades de bien público, entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios.
En ese marco, se formalizaron 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba, tanto por casos consumados, en los cuales los concejales imputados solicitaron y cobraron el IFE, como también hechos en los cuales pidieron el beneficio pero no lo percibieron, ya sea porque fueron rechazados o simplemente no alcanzaron a cobrarlo.
Con sumas promedios de 10 a 20 mil pesos y, en algunos casos de 60.000, se arribó a un total estimado de 320 mil pesos, dinero que los acusados aportaran en concepto de donaciones a entidades de bien público, entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios.
Esas donaciones consisten en mercadería, pañales e insumos médicos y bienes destinados a escuelas públicas. En ese sentido, por ejemplo, un hospital, consultado sobre las necesidades, solicitó el aporte de pilas doble y triple “A” para los distintos dispositivos sanitarios con los que cuentan.
Al margen de estos aportes, también se exigió desde la fiscalía la realización de tareas comunitarias, requisito que algunos imputados intentaron evitar. No obstante, la jueza reforzó la posición de la fiscalía al respecto.
De tal forma, se logró reunir un total de 1.636 horas de trabajo comunitario por parte de los 16 imputados, quienes cumplirán dicha colaboración en hospitales, centros de salud, comedores comunitarios y en las oficinas municipales.
Entre otros aspectos destacados de los acuerdos, más allá de la imposición de reglas de conducta, se acordó, en los casos de hechos consumados, la auto inhabilitación de los acusados para participar como candidatos en dos procesos electorales.