Policiales
Piden juicio para funcionarios salteños por direccionar contrataciones en el PAMI
03/11/2022. Son acusados de realizar contrataciones de servicios en materia de audio, video y pantallas leed destinados a encuentros realizados en distintos centros de jubilados. El daño causado se estima en un monto superior a los 3 millones de pesos.
El juez de Revisión de Salta, Santiago French, dictó el auto de elevación a juicio a los empleados de la Unidad de Gestión Local XII del PAMI, Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, y al empresario Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los dos primeros fueron acusados en calidad de coautores, mientras que el tercero, propietario de una empresa de servicios de logística digital, deberá responder como partícipe necesario.
La remisión a juicio fue solicitada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien inició la investigación del caso el 25 de octubre del 2021 a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles irregularidades en materia de contrataciones y licitaciones que se llevaban adelante en la Unidad de Gestión Local XII, dependiente del PAMI.
En particular, apuntó contra dos expedientes de contratación de servicios que presentarían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites. Fueron sindicados como responsables Palacios y Coronel, mientras que Villagrán Di Pietro aparecía favorecido en las maniobras.
En función de las pruebas reunidas a lo largo de la investigación, el fiscal afirmó que los dos funcionarios públicos no sólo obraron de “manera interesada” en favor del empresario, sino también que “realizaron varios trámites para que gane las contrataciones”.
En tal sentido, explicó que los servicios consistían en la asistencia en materia de audio, video y pantallas leed destinados a encuentros realizados en distintos centros de jubilados, con motivo de celebrarse los 50 años del PAMI.
Precisó que, mediante esta modalidad, los imputados causaron un perjuicio económico al Estado Nacional de poco más de 3 millones de pesos. Al respecto, el fiscal resaltó la efervescencia exteriorizada por los acusados por las facturas que salían a nombre de Villagrán Di Pietro.
Por cada contratación -agregó- el PAMI hacía pagos de sumas de 400 a 500 mil pesos. Ejemplificó que, en un diálogo captado en la investigación, Palacios y Coronel se mostraron contentos por las maniobras e incluso hablaron de salir a festejar por los “cheques que tenían para cobrar”.