Policiales
Tras más de 30 allanamientos en Jujuy y Salta cayeron miembros del Clan Liquitay
15/01/2024. Intervienen la PROCUNAR NOA y las áreas de Casos Complejos de Salta y Jujuy. Se secuestran 49 vehículos, más de 4 millones de pesos y detienen a dos jefes de una poderosa organización narcocriminal
Abel Liquitay y David Liquitaya Choque, imputados por transporte de estupefacientes y lavado de activos provenientes del narcotráfico, cayeron en una redada que incluyó 31 allanamientos en las provincias de Salta y Jujuy, producto de lo cual también fueron detenidos otros dos hombres que tuvieron participación en operaciones de tráfico por más de 450 kilos de cocaína.
En el marco de una investigación sin precedentes, llevada delante de manera coordinada por tres áreas especializadas de la Fiscalía del Distrito, en línea con la PROCUNAR NOA, las juezas federales de Garantías, en feria, Mariela Giménez y Carina Gregoraschuk, de Salta y Jujuy, dieron por formalizadas las acusaciones a dos líderes de una importante organización narcocriminal que operaba en la región y era un importante proveedor en otras provincias.
La investigación involucró a los fiscales Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy; su par de Salta, Ricardo Toranzos; Diego Iglesias, encargado de la Procuraduría de Narcocriminalidad; Eduardo Villalba, responsable de la región NOA de dicha área y Carlos Martín Amad, fiscal en feria.
Por distintos caminos, los fiscales llegaron hasta Abel Liquitay y su hermanastro David Liquitaya Choque, sindicados como los principales jefes del clan conocido como “Los Liquitay”, quienes operan en Jujuy y Salta desde 1978 y ya llevan tres generaciones implicadas en actividades del narcotráfico en toda la región.
La captura de ambos se produjo el 10 de enero como resultado de una medida requerida por el fiscal Zurueta, siendo ésta la diligencia de mayor envergadura, pues consistió en la realización de 31 allanamientos, en domicilios y locales comerciales ubicados en ambas provincias.
Cabe mencionar que las tareas investigativas, dirigidas por las distintas áreas especializadas, estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Procedimientos Judiciales y de la Unidad de Reunión de Información de Jujuy, de Gendarmería Nacional y del Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico NOA.
Los fiscales sostuvieron que esta organización, de la cual los dos acusados eran líderes, tenía como modalidad la obtención de la droga a través de proveedores en la frontera, a la altura de la localidad de La Quiaca, tras lo cual, y mediante la participación de otros eslabones, el clan coordinaba el traslado de la sustancia hasta la ciudad de San Salvador, en Jujuy.
Posteriormente, se reacondicionaba la droga en otros vehículos, para luego seguir viaje a otros destinos, como Salta, Tucumán, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, tráfico que le dejaba grandes ganancias, con las que luego adquirían bienes, por lo general vehículos.
Lavado de activos
Los procedimientos fueron requeridos ante la jueza Gregoraschuk, quien ayer al mediodía, en la audiencia de formalización, hizo lugar a la acusación expuesta por el fiscal Zurueta y el auxiliar fiscal, Jorge Viltes Monier, en representación de la PROCUNAR NOA.
En la misma, los fiscales imputaron a los detenidos el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, agravado por la habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado, lo que fundaron en una extensa cantidad de hechos y pruebas que fueron expuestas ante la jueza.
Entre ellas, se destacó un extenso listado de vehículos que fueron adquiridos o administrados por los acusados, ya sea de manera directa o por intermediarios, muchos de ellos familiares, dos de los cuales se encuentran prófugos y con el respectivo pedido de captura.
Además, y como nota sobresaliente, se mencionaron 18 vehículos de alta gama que fueron secuestrados en un galpón ubicado en la localidad jujeña de Palpalá, donde había un auto Honda Civic, otro, marca SEAT, dos camionetas Toyota, otra VW Amarok, un vehículo auto SW4 y una Dodge Ram y tres cuatriciclos, entre otros rodados. También se secuestró una suma de $4.718.000, 13.603 dólares, 100 euros y 420 pesos bolivianos.
Pese al enorme volumen de dinero necesario para la adquisición de estos vehículos, entre ellos 7 camiones, ninguno de los acusados registraba trabajo formal, ingresos registrados en AFIP ni tampoco tenían declaraciones juradas actualizadas.
Por otra parte, y de manera detallada, los fiscales hicieron notar a la jueza las vinculaciones que existían entre ambos acusados y, al menos, otras cuatro investigaciones llevadas adelante por narcotráfico, en una de las cuales Alberto Estanislao Liquitay, padre de uno de los imputados, fue condenado a 10 años de prisión, sentencia dictada el 5 de febrero de 2020 por el Tribunal Oral Federal N°1, siendo la primera generación de esta organización.
Su hijo, Abel, representa la segunda línea parental, mientras que la tercera se trata de los hijos de éste y de su hermanastro, dos de los cuales no pudieron ser detenidos en los allanamientos ordenados, aunque sí se recolectaron varias pruebas de interés para la investigación.
Expuestas las evidencias y requerida la calificación legal, la fiscalía solicitó a la jueza la prisión preventiva de ambos acusados, lo que fundaron, tanto en la gravedad del hecho, como en la logística desplegada para tratar de dotar de apariencia lícita a los bienes adquiridos con las ganancias obtenidas de las actividades del narcotráfico.
Asimismo, resaltaron el peligro de fuga, dado el poder económico que ostentan los imputados, por lo que no tendrían inconvenientes financieros para la fuga. En ese mismo contexto, se refirieron al entorpecimiento de pericias y otras medidas probatorias pendientes, la alerta a sus familiares prófugos y la escala penal excesiva, la que impediría acceder a un beneficio de morigeración de su modalidad de arresto.
Atento a ello, y dado que las defensas no pudieron revertir la acusación ni tampoco fundar elementos que ameriten otra medida de coerción, la jueza dictó la prisión preventiva, como así también autorizó las pericias requeridas y calificó el caso como complejo, como lo requirió la fiscalía.
Otras imputaciones
El hallazgo de documentación perteneciente a varios vehículos en los allanamientos realizados, fue clave para la investigación, pues había papeles vinculados a dos rodados que participaron de dos hechos de transporte de cocaína.
Uno de ellos -por más de 418 kilos de cocaína- se registró en noviembre pasado, en el sur de Salta. Es más, en uno de los domicilios allanados se logró la captura de Darío Giménez, quienes era buscado por su participación en ese hecho.
Idéntica situación sucedió con Daniel Suárez, quien estaba vinculado a otro caso de transporte de droga, descubierto el 4 de enero pasado, cuando se detuvo un camión Mercedes Benz que circulaba de norte a sur, por la ruta 66, a la altura de la finca El Pongo, en Jujuy. En el rodado, en el tanque de combustible, se descubrieron 46 kilos de cocaína.
En vista de ello, el Área de Casos Complejos de Salta, representada por el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, imputó a Giménez y Liquitaya Choque el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, ya que las pruebas obtenidas permitieron establecer la participación de ambos en el transporte de 418 kilos de cocaína, registrado en noviembre pasado y por el cual ya hay otros tres acusados.
La acusación fue formalizada esta tarde ante la jueza Giménez, quien aceptó la misma y dictó también la prisión preventiva de ambos. El jueves pasado, la magistrada había hecho lo propio, cuando el fiscal Amad presentó la misma acusación en contra de Suárez y Liquitay, en este caso por la participación que tuvieron en el transporte de 46 kilos de cocaína hallados el 4 de enero, en un camión Mercedes Benz, en la ruta 66, en Jujuy.
Fuente de la Información: Jujuy al Día