Salta
Güemes debe $1.500.000 a una empresa que fumigaba de manera ilícita
23/02/2022. En medio de la lucha contra el dengue, la exintendenta Alejandra Fernández contrató de manera directa los servicios de una empresa que carecía de habilitación. Al rescindirse el contrato, la empresa reclamó ante la justicia y ahora el municipio debe
En 2016 y ante el aumento alarmante de casos de dengue en el interior de la provincia, el municipio de General Güemes, en ese entonces a cargo de Alejandra Fernández, puso en marcha un “plan” para combatir la enfermedad, situación que llevó en la actualidad a poner en jaque a la comuna por una deuda millonaria heredada de la exintendenta.
En ese año, un oyente de Profesional FM que transitaba por la ruta nacional denunció lo que le había ocurrido al ingresar a General Güemes, en ruta nacional N°34, cuando una empresa apostada a la vera del camino cobraba a todos los vehículos que pasaban por allí.
Incluso, en aquella ocasión, el ahora exintendente de Campo Santo, Mario cuenca también había sido protagonista de una situación similar y contaba en Profesional FM que el control de fumigación se encontraba cerca del puesto policial y calificó lo que hacía como “una barbaridad, sin garantía alguna”.
Según el oyente de la emisora y quien dio a conocer la situación, contó que la modalidad de la contratación disponía de un servicio de fumigación impuesto a todos los vehículos que transitaran por la ruta nacional N°34 con una tarifa que iba desde los $5 a los $20, de acuerdo al tipo de vehículo.
Inmediatamente que se realizara la denuncia mediática, intervino en el caso Registros Ambientales, que constató que no existe registro ni habilitación correspondiente.
El pasado 21 de febrero, el actual intendente de General Güemes, Sergio Ezequiel Salvatierra, le envió a una nota al Concejo Deliberante, curiosamente ahora presidido por la exjefa comunal, informando que sobre el municipio pesa una denuncia penal por una deuda millonaria con la empresa COAGRO S.R.L que en 2016 había presado el servicio y le rescindido el contrato tras hacerse pública la denuncia.
En la carta enviada al cuerpo deliberativo, Salvatierra subraya que “sugestivamente la emergencia epidemiológica y sanitaria fue declarada por el municipio el mismo día en la que se habilitó una contratación directa con una empresa carente de antecedentes y de autorización para prestar los servicios contratados”.
Y agrega más adelante que, “la cara visible” de la empresa es Marcelo Cucchiaro quien no contaba con ninguna referencia comerciales o laborales mínimas y cuya actividad era ser prestamista de dinero, además de contar en su haber con antecedentes penales por episodios violentos.
El Intendente alude en su carta que, teniendo en cuenta “de esta irregular situación promovida por la ex Intendenta y siendo que COAGRO S.R.L nunca prestó tareas de este tipo y carecía de habilitación alguna”, se desprende que Alejandra Fernández habilitó un contrato ilícito.
Salvatierra aseguró que en un intento “por salvarse”, la exjefa comunal rescindió el contrato con la empresa en cuestión y pensó que de esta manera se deslindaba de cualquier responsabilidad.
Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, COAGRO S.R.L no sólo pidió que le informaran los motivos de esta decisión sino que presentó un amparo ante la Justicia para que le contestaran.
Como el municipio no dio tampoco respuesta en este juicio, se le impuso una multa de diaria de $5000 que se fueron acumulando hasta que Fernández abandonó la intendencia en 2019 tras perder las elecciones.
Sin embargo, hasta el momento General Güemes acumula acumula una deuda de más de $1.500.000, por lo que, la empresa fumigadora procedió al secuestro de un vehículo oficial del municipio hasta tanto se haga efectivo el pago.